El Laboratorio Jurídico Europeo para los Bienes Comunes se dedica a proporcionar apoyo jurídico a las comunidades que fomentan, desarrollan y defienden los bienes comunes (tanto urbanos como rurales). Se fundó en 2020 tras el Commons Camp, un evento que reunió a defensores de los bienes comunes de toda Europa en Marsella los días 17, 18 y 19 de enero de 2020. Los debates entre ellos pusieron de relieve la necesidad de apoyo jurídico para preservar los bienes comunes y subrayaron la importancia de un enfoque colaborativo y comparativo dentro de la red europea. El Laboratorio Jurídico para los Bienes Comunes se creó para estructurar
El Laboratorio tiene dos objetivos:
identificar herramientas jurídicas para abordar los retos a los que se enfrentan los comunes,
contribuir al desarrollo de un marco jurídico que promueva la creación, la preservación y el desarrollo de los bienes comunes.
En su fase preliminar, el Laboratorio fue codirigido inicialmente por B.A.BALEX y Remix the Commons.
En la actualidad, el Laboratorio reúne a un grupo central de cinco expertos jurídicos con sede en Francia, España e Italia, que coordinan conjuntamente las operaciones del Laboratorio, sus proyectos y sus numerosas interacciones con socios, organizaciones, colectivos, usuarios de los bienes comunes y activistas de toda Europa.
La estructura del Laboratorio se basa en tres pilares:
y apoyar esta red, proporcionando orientación jurídica y herramientas con este fin.
una división de documentación que recopila y difunde el trabajo realizado en el Laboratorio.
una división de documentación que recopila y difunde el trabajo realizado en el Laboratorio.
Conozca al equipo
Alima El Bajnouni es jurista, doctoranda en Derecho en el laboratorio MIL (Universidad de París-Est Créteil) y doctoranda asociada en LAVUE (Universidad de París 8). Su investigación se centra en las interacciones entre el Derecho y los bienes comunes urbanos en Marsella (Francia).
Como asesora jurídica, presta apoyo a organizaciones que trabajan en el ámbito de la economía social y solidaria, exclusivamente organizaciones sin ánimo de lucro. Desde 2015, participa activamente en el movimiento de los bienes comunes y en diversas organizaciones que trabajan en los ámbitos de la vivienda, el derecho a la ciudad y la democracia alimentaria (Un Centre Ville Pour Tous, Commoning Space Network, Fairville, La COMAC).
Claire Astier es jurista de comunidades que luchan contra las leyes discriminatorias en materia de inmigración, y presta apoyo a organizaciones e instituciones. También es una artista que utiliza el «commoning», la amistad, la narración de historias y el discurso jurídico como materia prima para sus obras de arte, performances y escritos, en los que la coautoría desempeña un papel fundamental. Es miembro de la comisión jurídica de Antidote, un colectivo que recurre a la propiedad colectiva para contrarrestar los efectos del capitalismo sobre los recursos y los derechos compartidos, y apoya a sus compañeros en diversos grupos activistas de Marsella.
Raquel Prado Pérez, abogada especializada en Derecho Público, cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo jurídico de políticas públicas, migraciones, protección de la infancia, contratación pública y los bienes comunes. Además, ha impartido clases de Derecho Administrativo como profesora adjunta en la Universidad de Barcelona durante más de diez años. En la actualidad, ejerce su actividad profesional en el marco de la red jurídica Hacendera Jurídica.
Desde 2016, cuando participó como investigadora jurídica en el desarrollo de la política pública de Barcelona «Patrimoni ciutadà d’ús i gestió comunitària», ha estado involucrada en varios proyectos de bienes comunes, tanto como participante como asesora jurídica. Actualmente es presidenta de la Asociación Las Hijuelas, Cultura Comunal; forma parte de la cooperativa Les Juntes, que trabaja por el acceso a la vivienda en el barrio de La Florida de Barcelona; del Consejo Ibérico de Comuneras de Mujeres en Bienes Comunes; y del Consejo Asesor de la Fundació Emprius, que tiene como objetivo recuperar los bienes comunes rurales en Cataluña.
Con formación en derecho administrativo, derecho internacional y europeo, y derecho ruso, comenzó su carrera como asesora jurídica interna en un bufete especializado en derecho administrativo, antes de ampliar su experiencia al sector sin ánimo de lucro. Es experta jurídica para organizaciones de la economía social y solidaria, a las que presta asistencia en todos los aspectos de su desarrollo. Desde 2020, también colabora activamente con Solidarité Paysans Occitanie, donde se centra en el derecho rural y el derecho concursal empresarial, y defiende los intereses de los agricultores.
Maria Francesca De Tullio es profesora de Derecho Constitucional (Universidad Federico II de Nápoles). Participa activamente en procesos de investigación conjunta con movimientos de los bienes comunes italianos y europeos, así como en sus negociaciones jurídicas con las administraciones. Es activista de l’Asilo y de Abitare Bene Comune (ABC) —con el objetivo de llevar el modelo del Mietshäuser Syndikat a Italia—, así como en movimientos de los bienes comunes italianos y europeos, con especial atención al uso creativo del derecho. También forma parte del Colectivo Feminización de la Política.
